de los diferentes periodos gubernamentales, la tipificación de la desaparición forzada
como delito. Labor difícil por la indiferencia de la clase política ante la tragedia vivida
por los familiares de los desaparecidos que cada día aumentaban y la alarmante impunidad
en los casos sucedidos y después de doce largos años, finalmente el 10 de julio de 2000
se aprueba la ley 589.
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El nuevo milenio trajo consigo la maquinaria de muerte y el desborde de la crisis
humanitaria, con máxima expresión de crueldad específicamente en la desaparición forzada,
siendo utilizada como practica indiscriminada de dominio y exterminio de comunidades y
poblaciones en regiones de intereses económicos y territoriales, llenando de miedo pánico y
terror a los familiares de las víctimas que para conservar sus vidas han tenido convertir el
silencio y la mordaza, contradictoriamente en garantía de vida, situación que ha impedido
dimensionar la realidad de la tragedia de la desaparición forzada en Colombia.
